El Covid-19, una oportunidad para descongestionar las cárceles en Colombia


Por: Juan Camilo Brito Larsen

"Los dones que provienen de la justicia son superiores a los que provienen de la caridad." Khalil Gibran.

El pasado 11 de marzo del año en curso, la Organización Mundial de la Salud declaró el Covid-19 como una pandemia a nivel mundial basándose en el número de personas contagiadas y de países afectados. Como consecuencia de esto, el Estado colombiano encabezado por el presidente Iván Duque Márquez, después de analizar lo que se venía en el país, pues ya había un número importante de casos del Covid-19 en el territorio nacional, invocando el artículo 215 constitucional, declaró el Estado de Emergencia por calamidad pública, pues es obvio que esta pandemia mal manejada puede traer consigo una tragedia sin precedente alguno.


Como medidas anteriores, se habían restringido las aglomeraciones superiores a 500 personas y posteriormente, y dadas las cifras de contagio que para el momento había, se redujo ese número a máximo 50 personas, para así tratar de evitar la expansión de este virus.

Sin embargo, ¿no se pensó en la población privada de la libertad en un establecimiento penitenciario y carcelario? Pues al parecer el gobierno desconoce la realidad de las cárceles nacionales pues el hacinamiento es un hecho casi que notorio.

El último informe estadístico que realizó el Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec), con fecha de 1 de abril de 2020, arroja unas cifras concretas del hacinamiento que hay en las diferentes regionales del país en donde se evidencia esta problemática. La regional central, que cobija al Amazonas, Bogotá D.C, Boyacá, Caquetá, Casanare, Cundinamarca, Huila, Meta y Tolima hay un hacinamiento total del 44.8% . Y sólo basta con mirar Bogotá en donde hay capacidad para tener a 10.341 personas en un complejo carcelario y en este momento hay un total de 16.605 privadas de la libertad entre condenados e indiciados. Es decir que hay una sobrepoblación de 6.264 personas, para un 60,57% de hacinamiento.

En la regional de oriente, conformada por Arauca, Cesar, Norte de Santander y Santander, la cifra es 10 puntos más alta, para un total de 54% de hacinamiento. En la regional del noroeste, compuesta por Antioquia y Chocó, la cifra es aterradora, pues el hacinamiento es de 83.9%. En la regional del norte, que la componen Atlántico, Bolívar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, San Andrés y Providencia y Sucre, el panorama es muy parecido al anterior, pues el hacinamiento llega al 80.5% . En la regional del occidente, compuesta por Cauca, Nariño y Valle del Cauca, el hacinamiento es del 55.1%. Y, por último, en la regional del Viejo Caldas, compuesta por Caldas, Quindío y Risaralda, el hacinamiento es de 20.6%.

Este informe concluyó que en Colombia se cuenta con 132 centros penitenciarios carcelarios, distribuidos en 28 departamentos que a su vez se encuentran organizados en 6 regionales. La capacidad total de las cárceles es para 80.928 personas y hoy hay 122.569 reclusos entre indiciados y condenados.

Una vez una persona es detenida, el Estado empieza a ser responsable de todo lo que suceda con aquella mientras este privado de su libertad y por ello, se le debe garantizar, ante todo, los derechos fundamentales inalienables de todo ser humano. Siendo esto así, las personas que están privadas de la libertad preventivamente y las ya condenadas, son también responsabilidad del Estado colombiano, pues el artículo 2 de la Carta Política enuncia los fines del Estado dentro de los cuales se encuentra el de “proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, en su honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado”. Es claro que la población carcelaria carece de dignidad humana y más para esta época, peligra incluso su vida.

No se puede dejar atrás que el artículo 29 constitucional dispone que “toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable”, es decir que siempre debería prevalecer la libertad sobre la privación de la libertad salvo en los casos específicos que la ley 906/04 prevé.

El artículo 308 de la misma dispone que para que un juez de control de garantías decrete la medida de aseguramiento deberá el fiscal o quien solicite la medida, demostrar que el indiciado a) constituye un peligro para la víctima o sociedad, b) que de no ir a prisión obstruiría el proceso o c) que el procesado no comparecería al proceso.



Pero no basta con sólo demostrar eso, pues como la regla general en el ordenamiento jurídico colombiano es la libertad y la regla excepcionalísima es la privación de la libertad, la parte que solicite la medida de aseguramiento deberá también hacer una argumentación clara y concisa de la necesidad, la urgencia y la proporcionalidad de la medida, demostrándole al juez de garantías, con los elementos de prueba que hasta el momento se cuente, el porqué no procedería otra medida menos lesiva que la privación de la libertad. Lastimosamente esta carga argumentativa, por lo general, no la hace quien solicita la medida y los jueces lo pasan por alto.

Asimismo, esta obligación impuesta por el legislador y posteriormente por la Corte Suprema de Justicia está encaminada en primer lugar, a que prime la libertad de todo procesado, y en segundo lugar, para evitar el hacinamiento carcelario que evidentemente, con las cifras que se mencionaron anteriormente, no se está ni cerca de dicho propósito.

Ahora bien, con respecto a la privación de la libertad, claramente no se cumple con uno de los principios más importantes de la ley 500/2000 , el de la dignidad humana pues la violación de derechos humanos es innegable, ni con el fin de la pena ,pues es imposible que una persona en esas condiciones de degradación en las que vive pueda re-socializarse. Hoy el problema de salubridad es quizá el que más preocupa a la población carcelaria y a sus familias, pues el mundo entero esta viviendo una crisis sanitaria y Colombia no se salva de ello, pues como ya es de conocimiento, hay más de 1.000 personas contaminadas por el Covid-19 en todo el país, sin que se haya desarrollado alguna medida que tenga en cuenta a la población que acá nos ocupa.

El pasado 21 de marzo, en más de diez (10) cárceles del país, los reclusos se amotinaron por el hacinamiento y la falta de elementos para prevenir el contagio del coronavirus (Welle, 2020). Hasta el momento, no ha habido ningún pronunciamiento emitido por el gobierno nacional en donde se den directrices claras encaminadas a esta vulnerable población.

Basado en lo anterior, y teniendo en cuenta que máximo puede haber 50 personas agrupadas con todos los cuidados sanitarios que el Ministerio de Salud ha dictado siguiendo lo que dice la OMS, ¿qué pasa con los reclusos en donde en un sólo patio, como el 1b en la cárcel Modelo de Bogotá, (a modo de ejemplo) conviven a diario más de 600 personas? Pues parece que, hasta ahora, es una población excluida dentro de las políticas del gobierno que buscan mitigar la propagación de este virus.

Como consecuencia de la problemática que enfrenta el mundo, es menester actuar YA respecto de esta población, pues cada minuto que pasa, es un minuto en el que se puede estar generando un caos sanitario donde, con una sola persona que se contagie, muy probablemente, por no asegurar, se contagiarían todos los demás reclusos que cohabitan con aquel. Es por eso por lo que es sumamente urgente y necesario ampliar el tema de los subrogados penales contenidos en el capítulo III del título IV del Código Penal y, sobre todo, empezar a aplicar el de la libertad condicional contemplada en el artículo 64 , estableciendo cual es la población carcelaria que ya esta cerca de cumplir con las 3/5 partes de la pena impuesta en sentencia y proceder con este beneficio.

En el caso de personas detenidas preventivamente, se debe mirar, en primer lugar, si la pena máxima del delito por el que está siendo procesado es de máximo 6 años. En segundo lugar, hacer un análisis de su arraigo y finalmente, llevar a cabo compromisos de continuar con el proceso que se pueden materializar con la simple entrega del pasaporte.

Respecto de la sustitución de medida de prisión intramural, por prisión domiciliara, que contempla el artículo 38 del estatuto penal, se le debe aplicar a todo aquel recluso que tenga 60 años o más, modificando el numeral 2 del artículo 314 del Código de Procedimiento Penal, y no menos importante, para personas que sufran enfermedades graves declaradas no sólo por medicina legal, sino también por un perito médico experto y que, como bien lo ha dicho la OMS, son mucho más vulnerables al virus.

Ahora bien, considero que, por tratarse de una emergencia de tal envergadura, deberían ser excluidos de estos beneficios, únicamente los reclusos que hayan cometido delitos catalogados como graves, es decir, los que atenten contra el bien jurídico de la vida (homicidios) adicionando que la conducta debió cometerse con dolo y el bien jurídico que tutela la libertad, integridad y formaciones sexuales (accesos carnales y actos sexuales en cualquier modalidad sin importar el sujeto pasivo). Respecto de los excluidos, si alguno padece uno de los síntomas, se debe en primer lugar, aislar de los demás internos, adecuándose dentro del mismo penal un sitio específico y se le garantice atención médica en donde se incluya el acceso a la prueba del Covid-19 y en caso de dar positivo y requerirse, garantizarle el traslado a un centro médico para que reciba la atención adecuada.

Estas medidas se pueden asemejar con “impunidad” o incluso tildar de “laxas” por parte de la sociedad, pero lo que se debe tener en cuenta es que estas personas, por más delincuentes que sean, tienen la calidad de tal y, por ende, tienen derechos inalienables y al igual que cualquiera, deben ser protegidas por el Estado colombiano, tal cual lo dispone la Constitución Política.

Si se hace una ponderación de derechos, suscitada por un conflicto de estos, donde se evalúe cuál primaria, en todos los casos siempre prevalecerá el derecho a la vida sobre cualquier otro derecho y no requiere mucho análisis para determinar que, si no se toman este tipo de medidas, podría llegar a generarse un desastre con toda la población carcelaria pues conllevaría al contagio y en algunos casos a la muerte tanto de los reclusos como de las demás personas que de una u otra manera conviven con ellos como el personal de aseo, el personal del Inpec y los visitantes, entre otros.

En conclusión, es por estas razones que considero que el gobierno nacional, en cabeza del Ministerio del Interior, haciendo uso de las facultades que le otorga el artículo 215 constitucional, debe emitir un decreto ley donde se regule todo lo concerniente a la población carcelaria y se incluyan las medidas que se han planteado en este texto. Esto sería, en primer lugar, anteponerse y prevenir una calamidad y en segundo lugar, se estaría ayudando a descongestionar los centros penitenciarios carcelarios de todo el país para así acabar por completo, o en gran parte, con el hacinamiento ya que, de ser así, los que queden internos tendrán la garantía de permanecer lo que les reste de la pena o de la medida preventiva sin que se les vulnere su dignidad y en casos de contagio al interior de algún penal, se pueda dar un adecuado manejo siguiendo las directrices del Ministerio de Salud.


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